El
viernes pasado fue proclamado Laurentino Cortizo como presidente electo. En su
discurso reiteró su intención de atenerse a un programa de gobierno
neo-liberal, similar a todos los gobiernos posteriores a la invasión militar
norteamericana en 1989: más privatizaciones, mayor flexibilidad en las
relaciones obrero patronales y seguir desregulando las funciones públicas
(iniciativas 'público-privadas').
En
materia de política exterior en algún momento durante la campaña mencionó su
intención de revisar el tratado de libre comercio con EEUU, especialmente en lo
referente a la sección agrícola. Además, señaló la posibilidad de respetar el
derecho a la autodeterminación de los pueblos que lo llevaría a una
confrontación con EEUU.
Hay
indicios en el campo de Cortizo y del PRD que estas dos propuestas tendrán
dificultades para despegar. Nombró a su vice-presidente electo, Juan Gabriel
Carrizo, joven empresario, que era su asistente privado, que encabece el equipo
de transición con el gobernante saliente. La composición de ese equipo y los
próximos nombramientos de figuras al futuro gabinete definirán con más claridad
la dirección que tomará el nuevo mandatario a partir del 1 de julio de 2019.
Los
partidos políticos que compitieron con Cortizo en las elecciones pasadas no se
han pronunciado sobre los planes del presidente electo. Todos parecen muy
envueltos en tareas de reconstrucción interna de sus respectivas casas. El
Partido Panameñista (gobernante), incluso, convocó un congreso extraordinario
para reestructurar la directiva de la agrupación. Cambio Democrático (CD) está
preocupado por el desenlace del juicio del ex-presidente, Ricardo Martinelli.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) está analizando los resultados
desfavorables de la consulta popular.
En una
reunión celebrada por los sindicatos panameños se planteó el problema de la
Caja del Seguro Social (CSS) que hace años es mal administrado y, según sus
directivos, está en una situación financiera próxima a la quiebra. Un vocero
sindical señalo que la CSS tiene que regresar al sistema solidario que regía
hasta 2005 el régimen de las jubilaciones.
El
presidente electo Cortizo mencionó la seguridad social como una de sus
prioridades de gobierno. Sin embargo, su enfoque parece no coincidir con la de
los trabajadores. Cortizo se reunió con el presidente saliente, Juan Carlos
Varela, para dar inicio al traspaso del poder. Antes de irse Varela quiere que
la Asamblea le apruebe los nombramientos de un magistrado en la Corte Suprema
de Justicia y un directivo en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Es muy
difícil que eso ocurra dada la correlación de fuerzas partidarias en la
Asamblea.
El Canal de
Panamá fue uno de los temas que no se discutió en la campaña electoral. Desde
1994 cuando el poder económico del país se puso de acuerdo para introducir un
‘titulo constitucional’ en la Carta Magna, el tema se encuentra fuera de
límites. Sólo las protestas de los trabajadores y los escándalos de corrupción
en la Junta directiva son merecedores de ser noticias. Sin embargo, las
recientes declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo,
sobre el deshielo del ártico y la apertura de nuevas rutas que conecten Asia
oriental con los mercados del Atlántico norte, deben llamar la atención del
nuevo gobernante. El anuncio merece la creación de una comisión científica para
estudiar a fondo el calentamiento global y su impacto sobre el futuro comercial
del Canal de Panamá.
Hay que
tener claro que sobre la ruta interoceánica no se puede discutir con EEUU. En
muchas oportunidades – y el actual gobierno ha sido contundente – Washington ha dicho que sus intereses nacionales no
se negocian. En la década de 1970, sin embargo, Panamá logró sentar a EEUU en
la mesa para discutir el traspaso de la vía acuática, la evacuación de sus
bases militares y la erradicación de la Zona del Canal. Hay que exigir que
Pompeo consulte primero con Panamá antes de hacer afirmaciones sobre el futuro
del comercio marítimo entre el Pacifico y el Atlántico.
Cortizo
se refirió a Venezuela y mencionó la creación de una instancia similar al Grupo
de Contadora, creada por el general Torrijos, para tratar el conflicto en
Nicaragua en la década de 1970. La iniciativa no sería para un ‘cambio de
régimen’ a la Trump sino para encontrar una solución al conflicto. La
propuesta reemplazaría a EEUU (la OEA y el grupo de Lima) como actor central en
la guerra contra Venezuela y colocaría a América latina como pieza central en
la solución del conflicto.
16 de mayo de 2019.
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