Panamá no ha podido superar su profunda dependencia de la
economía mundial. En agosto, se cumplen 500 años que el Istmo es saqueado
sistemáticamente por las potencias imperiales. La fundación de la ciudad de
Panamá (1519) marcó el momento en que la Corona española selló la suerte del
país. Desde entonces sus habitantes han luchado por romper las cadenas que mantiene
a su población en una situación de dependencia.
A pesar de que administra el Canal de Panamá desde 2000, la
economía del país sigue siendo vulnerable y los problemas sociales se agigantan
con el paso del tiempo. El presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) prometió
reformas y varios proyectos que nunca despegaron. Varela, sin embargo,
sorprendió a todos cuando anunció que el gobierno establecería relaciones
diplomáticas con la República Popular de China. Las perspectivas comerciales y
las proyecciones en el campo de las inversiones alegró al sector empresarial.
La integración de Panamá en el proyecto chino de la Ruta de
Seda se veía con optimismo. El Istmo sería el ‘hub’ de la conexión entre
América latina y China. Los sueños se cortaron repentinamente después de la
visita del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien ordenó
desacelerar las negociaciones de Panamá con Pekín.
La entrega del Canal de Panamá por parte de EEUU al gobierno
en 2000 y la ampliación de las esclusas (2006-2014), representó una fuerte
inyección a la economía. La tasa de crecimiento del producto interno bruto
(PIB) del país creció en más del 10 por ciento durante varios años. A pesar del
ingreso de divisas al país que representa la operación del Canal – 6 mil millones
de dólares anuales – la economía panameña inició un espiral descendente a
partir de 2015. Los especialistas pronostican para 2019 un crecimiento del PIB
inferior al 5 por ciento (todavía entre las tasas de crecimiento más altas si
no el más alto de la región).
Durante los últimos tres períodos presidenciales
(2004-2019), la economía se multiplicó diez veces gracias al Canal de
Panamá. Este crecimiento, sin embargo,
dejó atrás el sector social. La educación, los servicios de salud y el empleo
fueron desatendidos y colapsaron. Los enormes ingresos del país han sido mal
administrados y la corrupción ha orientado las políticas en la dirección
equivocada.
La economía de servicios que predomina en Panamá (desde los
tiempos coloniales) privilegia las inversiones en los sectores especulativos y
de servicios que no son productivos. En cambio, los sectores industriales y
agropecuarios (a pesar del crecimiento de la economía del país) se han
estancado, incluso retrocedido. Estos sectores productivos (que generan valor
agregado) son los que impulsan la educación y los servicios de salud, también
la seguridad, el empleo y las inversiones en áreas de innovación. En pocas palabras, contribuyen al desarrollo
del país.
La estructura política que privilegia el sector servicios,
desde la construcción del Canal a principios del siglo pasado, se prestó para
que la ciudad de Panamá se convirtiera en un centro financiero para que las
grandes corporaciones británicas y norteamericanas guardaran sus ganancias
legales e ilegales. A pesar de que estos ingresos eran pequeños, las fortunas
que buscaban ‘refugio’ en los paraísos fiscales eran monumentales. Varias
firmas de abogados panameñas se especializaron en encontrarle destinos seguros
a las riquezas bien o mal habidas. La política de los países de donde
originaban esas fortunas cambió en el siglo XXI y comenzaron a exigir que sus
corporaciones no las ‘escondieran’ en países extranjeros. Para legitimar su
cambio de política, crearon el escándalo de los ‘Panama Papers’. Todos los males
le cayeron al país Panamá (no a los que prestan servicios a los especuladores
ni a los intereses bancarios). Mientras tanto, los países de la OCDE salieron
libres de paja y polvo.
El próximo gobierno que se inaugura el 1 de julio tendrá sus
manos llenas de problemas económicos y un escenario político muy complicado. El
ganador tratará de mantener el mismo curso trazado por el actual (y los
anteriores): Una política abierta a las inversiones extranjeras, sin planificación ni regulación. Le prestará mucha
atención a los proyectos chinos, siguiendo de cerca las instrucciones de EEUU.
Además, continuará con las políticas de desregulación en las relaciones
obrero-patronales, en el sistema de precios de los bienes de consumo, así como
en los sectores agrícola e industrial. Sobre todo, usara los medios que tiene
disponible para reprimir cualquier demanda popular que implique reducir el
costo de la vida (precio de la comida y de las medicinas) y la creación de
empleos.
No hay perspectivas de cambio en Panamá.
2
de mayo de 2019.
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