En el mundo entero donde se ha experimentado con la
privatización de las cuotas de los asegurados o con las asociaciones público
privados (APP) han fracasado rotundamente. Durante el gobierno de Martín
Torrijos (2004-2009) se aprobó una ley que le entregó al sector privado la
administración de los recursos del programa de Vejez de la Caja de Seguro
Social (CSS) que quebró casi en el acto. Ahora está pasando por la Asamblea de
Diputados un proyecto de ley que crearía las APP. En el seno de ese órgano del
Estado casi no hay debate, en los medios de comunicación apenas se informa
sobre su existencia y el gobierno mantiene un silencio ensordecedor.
El proyecto tiene tres características claves que cada
panameño debe conocer. En primer lugar, es una forma de trasladar recursos del
erario a sectores que aducen tener privilegios (por haber financiado la elección
de quienes ocupan cargos públicos desde el presidente de la República hasta el
Representante de Corregimiento, pasando por Diputados y Alcaldes). Segundo, las
asociaciones público privados son una herramienta política que socava el
sistema de libre competencia propio del capitalismo. En tercer lugar, las
asociaciones son prácticamente unas ‘máquinas’ concebidas para perfeccionar y
legalizar la corrupción.
Todas las instancias políticas del país – Presidente y demás
– existen para servir a la República y sus ciudadanos. Se le autoriza a las
‘autoridades’ electas para cobrar impuestos y recibir todo tipo de tributos
(peajes, etc.) para cumplir con la Constitución: Educación gratuita, servicios
de salud para todas las personas que viven en territorio nacional y garantizar
una vivienda decente a todas las familias. Ni bajo la presente constitución
(1972) o las anteriores se ha cumplido porque los gobernantes tienen otras
prioridades y reprimen a quienes exigen cuentas.
Con las APP, el presupuesto nacional de 25 mil millones de
dólares será compartido con personas o empresas que se consideran superiores a
los panameños comunes. El sector educativo (por ejemplo) que recibe menos de
mil millones de dólares al año para servir a casi un millón de estudiantes, compartirá
esos fondos con personas ‘privadas’. Hace varios quinquenios los gobiernos se
comprometieron a destinar el 6 por ciento del presupuesto al sector educativo.
Es decir, duplicar el monto gubernamental destinado a la formación de los
panameños de mañana. En vez de diseñar un plan para el sector educativo,
aumentando el presupuesto, improvisa creando oportunidades de negocios en un
área estratégica para el desarrollo nacional. El llamado ‘sector privado’ no
tiene como objetivo principal educar
sino incrementar sus ganancias.
Los dueños de los colegios de la capital se beneficiarán
significativamente. Incluso, en las áreas más remotas del campo, la
escuela-rancho recibirá un monto para pagarle a un individuo o empresa que
pacte con el gobierno una APP. Con los recursos ya aprobados para la
descentralización, incluso el representante de corregimiento repartirá recursos
a sus allegados para brindar cualquier servicio en combinación con el gobierno
sin garantías de calidad o rendición de cuentas.
Las APP son un salto al pasado colonial. Regresamos a los
tiempos en que el rey, gobernador o corregidor repartía favores a sus amigos
más leales. Durante la colonia estaban vigentes las instituciones feudales que
operaban como una pirámide donde el rey en forma soberana decidía quienes se
beneficiaban de las riquezas que producían los indígenas, los esclavos y los
demás trabajadores. Estos a su vez no recibían pago alguno a cambio. Las
constituciones modernas rechazan estas arbitrariedades y crean la figura de la República
(donde se supone la igualdad entre todos los ciudadanos).
El presidente Laurentino Cortizo dice que la ley de las APP
no se aplicará en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o en los sectores de
salud y educación. Se olvida que en la ACP ya se está aplicando un reglamento
que lo permite. Ya están caminando 4 proyectos tipo APP en el área del Canal y
hay otra media docena preparándose. Le falla la memoria cuando no recuerda que
quienes promueven las APP con más entusiasmo son los que quieren explotar los
sectores salud y educación. El presidente Cortizo tiene que leer el proyecto de
ley.
La falla principal de la propuesta de las APP es la
corrupción que lleva incorporado en el articulado de la ley. Será la
herramienta favorita de los políticos para repartir recursos del erario, para
hacer nombramientos y caer en prácticas de nepotismo.
29 de agosto de 2019.
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