Panamá se encuentra en un
proceso de reformas constitucionales. Estamos en una encrucijada difícil y
llena de obstáculos. La política se ha vuelto un juego de simulaciones. Los
órganos de poder se han sometido a las presiones externas e internas sin saber
como avanzar. No hay propuestas que encuentren actores sociales dispuestos a
romper las cadenas que atan a la sociedad a un circo que repite una y otra vez
los errores del pasado. Todos reconocemos los problemas. El que sobresale es el
sistema político corrupto que no le permite al país poner en práctica una
estrategia de crecimiento (acumulación) económico. Este, a su vez, le corta las
alas a cualquier proyecto de desarrollo social que saque a la mayoría de los
panameños de la pobreza y promueva la equidad.
Las diferentes clases sociales
tienen sus proyectos de reformas a la Constitución vigente de acuerdo a sus
intereses. Un segmento importante de los panameños rechaza la idea de reformas
e insisten – correctamente - en la convocatoria de una constituyente
originaria. La correlación de fuerzas – el Estado – favorece el proceso de
reformas que fue el escogido por el presidente Laurentino Cortizo. Las reformas
son cosméticas ya que no pretenden introducir cambios a la ‘Carta Magna’. Más
bien, el objetivo es blindar la correlación de fuerzas a nivel del Estado. El
poder ejecutivo seguirá al servicio de quienes hacen negocios y controlan el
ingreso de las rentas que recibe el país. El poder legislativo continuará
aprobando la ley del presupuesto nacional que favorecerá esa misma clase
rentista que maneja los negocios del país. El poder judicial – con más ‘salas’
y ‘magistrados’ – seguirá haciendo justicia para los miembros del poder
económico.
En estos momentos la Asamblea de
Diputados está debatiendo el proyecto que le fue enviado por el Ejecutivo. Hay
fuertes indicios de que el proyecto de reformas tiene pocas probabilidades de
ser aprobado. El proceso tiene tres etapas. La confección de la propuesta, el
debate en dos legislaturas seguidas y la realización de un referéndum convocado
por el Ejecutivo. La propuesta fue redactada por un grupo que se llama la
Concertación por el Desarrollo y acogida sin previo examen por Cortizo y
enviado a la Asamblea. La Concertación hizo un esfuerzo improvisado que refleja
los intereses de sus miembros. Las reformas consisten en abultar la Constitución
con elementos que responden a la reestructuración de los poderes legislativo y
judicial. Los miembros de la Concertación llevaron la Constitución de la
República a un salón de belleza (para
pintarse las uñas) cuando lo que necesitaba era una intervención quirúrgica
(de corazón abierto).
La constitución vigente y las
reformas que quieren hacer, reflejan la realidad: La posición geográfica
privilegiada del país y el Canal de Panamá, con una clase rentista que todavía
no ha superado la etapa de ser meros recolectores de peajes (de todo tipo). No
ha sido capaz de convertir esas rentas en inversiones productivas que
beneficien el país. Justo Arosemena y Buenaventura Correoso en el siglo XIX lo
intentaron. Arosemena insistía en el Estado federal que los recursos (rentas)
de la posición geográfica se invirtieran en el agro y en la industria. Correoso
promovió, sin éxito, la creación de un sistema educativo para el Istmo. Estaba
contemplado en la Constitución federal de 1855. Ambos estadistas del siglo XIX
tenían encendidas las luces largas y sus iniciativas siguen siendo válidas en
el siglo XXI.
No fue hasta casi cien años más
tarde, 1946, que se reunieron los constituyentes para elaborar una ‘carta
magna’ de y para Panamá. ¿Qué pregunta se hicieron? La única pregunta que es
legítima: ¿Qué República queremos? La mayoría de quienes opinan en forma
organizada o como individuos que se consideran ilustrados piensan que la
Constitución es un instrumento para resolver los problemas del país. Están muy
desorientados. Sólo el pueblo, sus organizaciones y sus jóvenes pueden resolver
los problemas.
La República es una entidad
política que define quienes son los habitantes que pueblan un país, con
fronteras y que se organizan para distribuir las riquezas que se producen
dentro de su territorio: la res-pública. ¿Cómo se ordena ese proceso de
distribución de la riqueza? Los habitantes de la República se dan una
Constitución, redactada y aprobada por un proceso que es aceptada por consenso.
Lo principal de un proceso de reformas de una constitución es el objetivo.
¿Será que cada ‘constituyente’ improvisado hoy persigue un objetivo muy
particular?
17 de octubre
de 2019.
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