Trump, su enjuiciamiento y elecciones 2020

El establishment de EEUU está en un estado de caos con relación a las elecciones presidenciales de 2020. El objetivo urgente del poder económico centralizado de EEUU es – desde 2016 - corregir el error táctico de permitir que Donald Trump se convirtiera en el candidato del Partido Republicano. Peor aún, permitir que ganara las elecciones, convirtiéndose en el 45º presidente de EEUU. Entre 2016 y 2018 se hablaba de un enjuiciamiento (impeachement) y separación de su cargo, otros señalaban que había que derrotarlo en las elecciones de 2020. A fines de este año ambas tendencias se unieron y llegaron a la conclusión de que cualquier fórmula era aceptable.

El establishment está en un estado de shock porque se dio cuenta que Trump está muy vivo políticamente. Su destitución por parte del Congreso parece que no tendrá éxito y Trump probablemente finalizará por lo menos su primer mandato (2017-2021). Lo peor, sin embargo, son las elecciones. Todavía no se puede descartar un triunfo de Trump en noviembre de 2020. Además, hay fuertes posibilidades que el candidato preferido del establishment, Joe Biden, no logre consolidar su triunfo en las primarias del Partido Demócrata. Estas se celebrarán a principios de 2020.

Biden se encuentra acosado por dos lados. En primer lugar, su edad le resta energía para enfrentar una larga campaña y, al mismo tiempo, a la rudeza de Trump en los próximos debates. Segundo, su participación en oscuras maniobras corporativas en Ucrania cuando era vice-presidente de Barack Obama han golpeado su credibilidad.

El establishment tiembla ante la perspectiva de que aparezcan como alternativas a Biden los ‘izquierdistas’, Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Si cualquiera de los dos logra ganarle a Trump los problemas del establishment se agudizan.

La carta que el establishment puede sacar en cualquier momento es Hillary Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales contra Trump en 2016. En un arranque de desesperación, Hillary puede convertirse en una portaestandarte que reemplace a Biden y bloquee el camino de Warren y Sanders. Hillary ya ha confirmado su disposición a ser parte del proceso. Anunció que ‘uno hace lo que tiene que hacer’. La última palabra la tiene el establishment en Wall Street cuyos largos brazos se extienden a lo largo y ancho de EEUU a través de sus redes financieras (Citi), comerciales (Walmart y asociados), mediáticas (Hollywood, CNN) y gremiales (AFL-CIO). Además, camina de la mano del poderoso complejo industrial militar.

La estrategia de Hillary tiene que contemplar la consolidación de los demócratas en los estados que ganaron en 2016, recuperar los tres estados tradicionalmente demócratas que perdieron por márgenes ínfimos en las elecciones pasadas (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) y, para servir de colchón, los estados impredecibles (‘swing states’) de Florida, Arizona y Carolina del Norte.

Hillary es un ‘halcón’ en la jerga política de EEUU. Cree en la globalización, el poder suave, las guerras y el control migratorio. Trump, en cambio, se opone a la política de globalización (fin de las fronteras), es partidario del poder duro, dice oponerse a las guerras (hasta ahora no ha abierto nuevos frentes bélicos en sus tres años en la Casa Blanca) y quiere poner fin a las migraciones de lo que llama ‘razas’ indeseables. En pocas palabras, a Hillary no le entusiasma la ‘muralla’ y Trump está decidido a construirla, cueste lo que cueste.

Trump no es popular en EEUU. Sin embargo, tiene una base social muy sólida entre los votantes de origen europeo sin educación superior (‘rednecks’ o ‘white trash’) que se ha ampliado con el desempleo e informalidad provocados por las políticas de globalización que implican la ‘huida’ de las plantas industriales de EEUU a países con mano de obra barata. De esa base popular emergen los partidarios de la ‘supremacía blanca’ que tiene aterrorizada a la población norteamericana.

Hillary tampoco tiene carisma. Tiene una ventaja entre las mujeres, los afro-americanos, ‘hispanos’ y la población con educación superior. A pesar de ello, lo que aparenta ser una mayoría no garantizaría su triunfo. Tendría que planear bien su campaña para ganar en el Colegio Electoral.

Para ganar las elecciones de 2020, Trump tiene que sumar sectores más moderados en los estados impredecibles (‘swing-states’) o sorprender a los demócratas en lugares que son considerados bastiones del partido de Roosevelt y Kennedy. No le será fácil, aunque no es imposible. Especialmente si el Partido Demócrata no logra definir con claridad su propuesta.

12 de diciembre de 2019.

“Ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco”

Hace 10 años en el número celebrando el 50º aniversario de la revista TAREAS, Adolfo Gilly hizo un examen de la realidad boliviana que sigue siendo vigente en la actualidad. Aprovechamos este espacio para reproducir algunos extractos con motivo de la guerra racial que está viviendo ese hermano país.

“Según el vicepresidente Álvaro García Linera (en 2006), lo que está en curso es “una ampliación de élites, una ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza. Esto, en Bolivia, es una revolución”.

Según Gilly, “lo que está ocurriendo es algo mucho más profundo y va más allá de las élites, la política y la economía. Es un cuestionamiento de los sustentos mismos de la dominación histórica de esas élites, viejas y nuevas. Viene de muy abajo, lo mueve una furia antigua y no lo van a detener las masacres de las bandas fascistas”.

La masacre de Pando, hace más de 20 años, con más de 30 campesinos asesinados a sangre fría por los sicarios de la minoría blanca, anunciaba sus planes. “ Bolivia sabe bien lo que se juega: el poder de la minoría blanca no es negociable, sus tierras no se tocan, su derecho de mando despótico reside en el color de la piel, no en el voto ciudadano. La minoría blanca no está dispuesta a ‘ampliar’ en sentido alguno tal derecho despótico, apoyada además en sectores blancos pobres cuya única ‘propiedad’ es ese color de piel que los separa de los indios. Mucho menos dispuesta está a redistribuir propiedad o riqueza”.

”La derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, decía Gilly, fueron derrotados por la inmensa revuelta indígena y popular que se inició con la guerra del agua en 2000, culminó con la rebelión de El Alto en 2003 y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2006”.
 
Esa minoría sabe bien que no se trata de meras ‘ampliaciones democráticas’ sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el ‘entramado hereditario’ de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde pasa esa dominación.

No se trata de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esa dominación social y no solamente política o económica.

Esa línea divisoria es nítida y profunda en Bolivia. No es tan sólo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la Colonia y confirmada en la República oligárquica desde 1825 en adelante.

”En esa dominación, dice Gilly, ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco. (Tiene que) romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymaras, los quechuas, los guaraníes u otra de las muchas comunidades indígenas bolivianas. (Así puede) entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República”.
 
Aquella fuerza viene también del entramado hereditario de los dominados y subalternos que se sublevan para conquistar todos los derechos que esa República racial les niega o les recorta: la dignidad y el respeto, los espacios de libertad y de organización, los recursos naturales de su tierra, la educación, la salud. No se trata sólo de un nuevo orden político y económico. Se trata de lo que en el contexto boliviano constituiría un nuevo orden social. De ahí la violencia bestial de las reacciones de los grupos privilegiados minoritarios y sus sicarios.

(Las mayorías indígenas) “han podido ver en vivo y en colores la amenaza del regreso del pasado. No lo permitirán. Tienen suficiente experiencia y organización para saber cómo responder a la violencia con la violencia si sus gobernantes, de quienes esperan pero a quienes también exigen, no paran y castigan a los criminales, única salida sensata y efectiva que podría derivar de las negociaciones en la presente relación entre las fuerzas enfrentadas”. (Fuente: Adolfo Gilly, 2010, “Racismo, dominación y revolución en Bolivia”, Tareas Nº134).

 5 de diciembre de 2019.

El golpe de Estado descubre ‘poder dual’ en Bolivia

Este es el primero de dos artículos sobre Bolivia. En esta entrega veremos como se produjo el golpe de Estado en ese país. En el segundo, se analizarán las causas profundas. El golpe de Estado del 10 de noviembre próximo pasado, que derrocó al presidente Evo Morales en Bolivia representa un paso atrás significativo para la democracia y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Los actores políticos responsables de esta tragedia han actuado siguiendo un guión predeterminado con un fuerte cariz de odio racista y religioso. A la cabeza del movimiento golpista se colocó EEUU con el personal de su Embajada en La Paz. Funcionarios de la Embajada organizaron y movilizaron la derecha política cuyo centro está en Santa Cruz, con sus pandillas que aterrorizan a la población. Lograron, mediante chantajes y compras de lealtades, generar motines significativos en varios cuarteles de la policía. La nota clave fue la movilización de las Fuerzas Armadas bolivianas que no protegieron el orden constitucional y salieron a reprimir a los pueblos indígenas bolivianos. La plana mayor del Ejército, con el general Williams Kaliman a la cabeza, es graduada de la Escuela de las Américas, cuya sede está en Fort Benning, EEUU. 

No sería de extrañar que la Embajada de EEUU ya está negociando una visita oficial al Palacio Quemado de corporaciones norteamericanas que recibirán como compensación por su apoyo al golpe los yacimientos de litio en el sur oeste de Bolivia. En septiembre una delegación encabezada por la hija del presidente Trump, Ivanka, visitó las minas de litio en Argentina, en la frontera con Bolivia. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al altiplano para hacerle un préstamo de varios miles de millones de dólares (¿10, 20 o 40 mil millones?) a los racistas que se han instalado en los puestos de mando del gobierno. El préstamo del FMI se repartirá entre los sectores que impulsaron el golpe, los especuladores de siempre, y la deuda con sus intereses lo comenzará a pagar el pueblo boliviano. El modus operandi no variará. Todos lo conocen.

A fines del siglo XX un sociólogo boliviano que enseñaba en la UNAM, René Zavaleta, escribió un libro que tituló “El poder dual”. Analizaba los choques violentos que se producían en países donde las clases dominadas retaban la hegemonía de las clases dominantes. No existía claridad sobre quien gobernaba, quien definía las reglas. Las crisis se resuelven en forma violenta y generalmente las minúsculas clases pudientes salen triunfantes reprimiendo a todos sus adversarios.

En apariencia, los trabajadores, los mineros, cocaleros e indígenas bolivianos llegaron al poder con Evo Morales en 2004. Era el poder popular. El golpe de Estado descubrió que en realidad el poder era compartido. En Bolivia se estaba ejerciendo un poder dual. El mismo continuará hasta que se superen las causas del conflicto: la explotación.

El gobierno de Evo Morales se vio con las manos atadas sin poder reaccionar ante la presión de los empresarios, fanáticos de derecha y, sobre todo, del Ejército. El pueblo no logró montar una contraofensiva. Los mineros - bastión tradicional de resistencia boliviana - se pronunciaron en forma tardía pero ya están en pie de guerra.

El presidente Morales está en México donde el gobierno de ese país le ha ofrecido protección. Está a la espera de un llamado del pueblo boliviano para regresar al Palacio Quemado para reasumir el liderazgo.

El crecimiento económico y desarrollo social durante la gestión gubernamental de Morales fue espectacular. En 2004, cuando Morales llegó al poder, el producto interno de Bolivia era de 4,5 mil millones de dólares. En 2019 llegó a representar 30 mil millones de dólares. La pobreza, el analfabetismo y la desnutrición fueron erradicados en un plazo de menos de 15 años, tres períodos presidenciales.

Evo dijo que su renuncia la entregaba para evitar un baño de sangre. ¿A qué se refería? ¿Los militares pretendían barrer con los militantes del MAS y con los simpatizantes del presidente aymar? Los fascistas, bajo el estandarte del cruzado Fernando Camacho, tienen planes para ‘cristianizar’ a Bolivia y acabar con los pueblos indígenas.

En estos momentos cabe solidarizar con el pueblo boliviano, sus trabajadores y juventud cuya soberanía ha sido violada. Hay que respaldar su lucha por recuperar las riendas del país. Estamos seguros que los mineros, los cocaleros y los indígenas bolivianos regresarán pronto al Palacio Quemado para instaurar el poder popular.

28 de noviembre de 2019.

“La nación panameña es soberana e independiente”

Hoy (jueves) se realizará la protesta más grande hasta la fecha contra la propuesta de reformas constitucionales que presentara el gobierno del presidente Cortizo a la Asamblea Nacional. Gremios magisteriales, asociaciones médicas, sindicatos obreros, estudiantes y jóvenes, entre otros, se concentrarán en la Plaza 5 de Mayo para pedirle al Ejecutivo que retire las reformas y convoque una asamblea constituyente originaria.

Las reformas constitucionales propuestas por el gobierno dan tristeza. El objetivo pretende transferir formalmente todo el poder a un sector minoritario de panameños. Las constituciones suelen recoger los intereses de los sectores más poderosos. Para ello las grandes corporaciones, los oligarcas o militares buscan las mentes más claras y las plumas más distinguidas para plasmar ese propósito en una carta magna. Sin embargo, en esta ocasión los autores de las reformas lo hicieron de una manera improvisada y sin tomar en cuenta el sentido común.

En 1904 los conservadores lograron, tras una serie de maniobras, en las cuales tuvo una destacada participación la Embajada de EEUU, convocar una constituyente. Nunca pretendieron sentarse solos. Invitaron a los liberales y juntos adaptaron la constitución colombiana a sus intereses. Aparentemente, no tenían el equipo y, mucho menos, el tiempo que exigía Washington para elaborar un documento que sentara sus anhelos.

En 1946, le tocó a los liberales convocar a la Asamblea constituyente. No sólo invitaron a los conservadores, también le abrieron las puertas a los progresistas (socialistas, frentistas y feministas). Se sentaron a debatir la propuesta de un trío de abogados, elaborada por invitación del Ejecutivo, considerados los más preparados para la tarea. En sesiones públicas de la constituyente chocaron los voceros de las diversas ideologías y facciones partidistas.

En 1972, los militares llamaron a elecciones a nivel de los corregimientos (división político administrativa más pequeña de la República) para crear la Asamblea de (505) Representantes que se transformó, a la vez, en Constituyente. Los autores de la nueva Constitución tuvieron poco trabajo. El documento fue casi un calco de la Constitución de 1946. Se introdujeron dos modificaciones sustanciales: Se agregó a los tres órganos de poder, la Fuerza Pública (Guardia Nacional). Además, un nuevo artículo que con nombre propio le confería al jefe de la Guardia Nacional, el general Omar Torrijos, todos los poderes por un período de 6 años (1972-1978).

Quienes redactaron las reformas en 2019 decidieron hacer cambios sustanciales. No tomaron en cuenta, sin embargo, los elementos esenciales. En el artículo uno (1) se olvidaron de identificar la entidad que querían constituir. Dejaron por fuera conceptos que aparecen en las Constituciones de 1972 y 1946. Pasaron por alto el concepto de ‘nación’, ‘pluricultural’ y ‘multiétnica’. Se olvidaron que Panamá es soberana e independiente. También se olvidaron de mencionar que el gobierno es ‘unitario, republicano, democrático, representativo y participativo’. Quizás lo mas notorio fue que no le dieron un nombre al ente constituido: República de Panamá.

Es legítimo cuestionar qué clase de nación queremos ser. Igualmente, es pertinente debatir qué tipo de gobierno es el más adecuado. Incluso, que nombre queremos darle a la entidad pública que estamos creando. En 1903 se pusieron sobre la mesa dos nombres: República de Panamá y República del Istmo.

¿Qué pasaría por la mente de los concertados en 2019? Le propusieron al presidente Cortizo un primer artículo incoherente e imposible de entender. El mandatario en vez de estudiar las reformas lo envió directamente a la Asamblea donde no fue debatido. Los diputados le agregaron sus ‘camarones’ al proyecto de Constitución reformado.

El resultado fue inmediato: un rechazo a las reformas, al procedimiento y la exigencia de convocar una Constituyente originaria. Si no se entiende el primer artículo reformado del proyecto de Constitución, cómo será el resto.

Artículo 1 (reformado): Son fines esenciales del Estado promover la vigencia, aplicación y respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales; garantizar el ejercicio de la consulta libre previa informada; facilitar la participación en paridad de todas las personas en las decisiones que las afectan y en la vida económica, política, administrativa, ambiental y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Si comparamos ese artículo con el existente, el contraste es abismal. Queremos una Constituyente original que se ajuste a las aspiraciones de justicia y equidad de los panameños, no a los intereses particulares de unos pocos.

Artículo 1 (actual): La nación panameña es pluricultural y multiétnica y está organizada en Estado de Derecho, soberano e independiente cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático, representativo y participativo.

21 de noviembre de 2019.

El poder público sólo emana del pueblo

 ¿Porqué fue eliminada la frase “el poder público sólo emana del pueblo”  de la propuesta de reforma a la Constitución Política que está en la Asamblea de Diputados? Las protestas sociales del pueblo panameño durante varias semanas fueron hábilmente humedecidas  por el gobierno que maniobró tanto desde la Presidencia como de la Asamblea Nacional. El descontento fue provocado por el abuso en la iniciativa ‘constituyente’ por parte de los órganos del poder. El presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea  se combinaron para aprobar – en una primera instancia - un proyecto de reformas con 96 artículos que sólo beneficia a los pequeños grupos que controlan los mecanismos (corrupción) que distribuyen las riquezas del país.

Supuestamente, las reformas responden al interés de mejorar la Constitución. Sin embargo, en el transcurso de este gobierno se ha demostrado que más bien responden al interés de que todo siga igual o peor. Los jóvenes sienten que los cambios son un engaño y salieron a defender la educación superior amenazada por los conservadores aún agazapados en el gobierno. Los LTGB también protestan porque no se reconoce el matrimonio sin discriminación. Los jubilados por las pensiones de hambre. Así sucesivamente.

No se ha producido, sin embargo, una lectura crítica de la propuesta, acogida por Cortizo, de la Concertación. Ni siquiera la mayoría de los miembros de la Concertación – los supuestos autores - han leído la propuesta. Muchos de los ministros y diputados tampoco lo han repasado.

No soy abogado, menos constitucionalista ni filósofo del derecho. Me atrevo a decir que el contenido de la propuesta de la Constitución Política es básicamente conservadora y tiende a crear una camisa de fuerza para mantener las relaciones sociales injustas, actualmente existentes. A diferencia de la Constitución Política de 1946, que creía en un país dinámico y promovía cambios sociales (el novedoso Titulo Social), la actual propuesta hace todo lo contrario.

Para ello, comencemos examinando la reforma al Artículo 2 que elimina el concepto que el ‘poder sólo emana del pueblo’ y lo reemplaza con la frase que hace alusión al ‘poder público del pueblo’. El mismo artículo 2 también se refiere a una trilogía extraña cuando dice que Panamá ‘se constituye en un Estado constitucional, social y democrático de derecho’. Lo ‘constitucional’ es una tautología y lo ‘democrático de derecho’ es repetitivo. Veamos el Estado Social. Este concepto fue introducido a los debates políticos a mediados del siglo XIX en Prusia, Alemania, que luchaba para unir a todos los teutones a su proyecto de expansión industrial. Los teóricos prusianos se enfrentaban a un adversario político que era la clase obrera organizada (social democracia).

Según Lorenz Von Stein, la sociedad había dejado de constituir una unidad, debido a la existencia de clases. La solución, decía, es un Estado social que evite “el proceso de las clases que buscan ascender socialmente”, a través de una “monarquía social”.

La nueva Constitución social alemana era paternalista y sus defensores creían haber engañado a los sindicatos cediendo algunas migajas. La Constitución (que refleja la correlación de fuerzas sociales dentro de un país) reconoció la existencia de la clase obrera pero no le cedió espacio alguno para su participación en los asuntos gubernamentales.

La reforma al artículo 2 incluye otra frase que es contraria a un ‘pacto’ social: el Estado “garantiza la tutela de los derechos y garantías fundamentales, los derechos humanos, políticos y sociales y el estado de bienestar”. Esta frase tan compleja es el resultado, probablemente, de largas discusiones en la Concertación. Pero el resultado fue crear confusión. Al final, la propuesta inentendible del artículo 2 quedó con un Estado ‘constitucional, social y democrático de derecho, surgido por el poder público del pueblo...’ Hace aparecer órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que no necesariamente trabajarían en armonía y que “deben garantizar la tutela (del) Estado de bienestar social’.

El Artículo 2 de la Constitución vigente de 1972, que lo tomó textual de la de 1946, es mucho más clara. No tiene esos arranques de paternalismo teutón ni frases tautológicas:

 “Artículo 2 (actual) El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme está Constitución lo establece, por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivos y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Panamá esta de acuerdo. Se necesita una renovación. Para ello la constituyente originaria es la salida más sensata: “el poder público sólo emana del pueblo”.

14 de noviembre de 2019.

Los jóvenes rechazan reformas, quieren una Constituyente

Las protestas de la juventud y del pueblo panameño contra las reformas constitucionales propuestas por el presidente Laurentino Cortizo son responsabilidad de los gobernantes. Desde un principio, la forma de abordar la iniciativa fue calculada mal por los asesores de Cortizo. El primer mal paso fue acoger una propuesta excluyente, sin consulta o revisión, para reformar la Constitución. Segundo error, el ejecutivo la envió directamente a la Asamblea Nacional de Diputados sin una revisión del contenido de las reformas propuestas. En el proceso de revisión de la propuesta por parte de la Asamblea todos los diputados quisieron meter su cuchara, sin orden alguno y, peor aún, sin una dirección ideológica o partidista.

La propuesta de reformas que envió Cortizo a la Asamblea no tenía justificación teórica ni sustento alguno (ni escrito o verbal). La manipulación de los diputados del paquete convirtió el procedimiento en un circo. Cada diputado se sentía con libertad de introducir cualquier artículo. La banda circense paró de tocar cuando la Universidad de Panamá levantó la voz contra una reforma que pretendía privatizar la educación superior mediante una maniobra legislativa. La propuesta de un diputado conservador, ligado a los intereses empresariales, tocó un nervio muy sensible. Los universitarios, apoyados por amplios sectores de la sociedad, sacaron sus pancartas e hicieron la caminata desde “la casa de Méndez Pereira” hasta el Palacio ‘Justo Arosemena’ donde sesiona la Asamblea.

El rector, Eduardo Flores, le explico a los diputados y a su guardia pretoriana, agazapada detrás de las rejas con ‘las púas de la vergüenza’, cual era la misión de la Universidad y el despropósito del artículo que pretendían introducir en la Constitución. El presidente Cortizo, la mayoría de los miembros de su gabinete ni los diputados aceptaron lo planteado por el rector Flores. Sin embargo, la Universidad tenía otra arma aún más convincente: la fuerza de su juventud estudiantil. Las manifestaciones de los grupos estudiantiles de varias universidades se concentraron en las calles que rodean la Asamblea protestando. El presidente Cortizo dio la orden de abortar el artículo que pretendía suprimir la educación superior en Panamá.

Tras el enfrentamiento, los jóvenes se sumaron a las protestas contra el proyecto de reformas a la Constitución, tanto en su contenido como en su forma. Para enfrentar el descontento general, Cortizo se presentó en televisión para regañar a los diputados y jóvenes por igual. Amenazó con el uso de la represión si no se avanzaba con el calendario de reformas que él se propuso al tomar posesión de la Presidencia en julio de 2019.

Lo más interesante de esta experiencia es, por un lado, la madurez y consistencia del movimiento de la juventud. Además, los jóvenes han abierto un diálogo con todos los demás sectores del país. Hay un solo punto en que todos los protestantes coinciden: no quieren las reformas constitucionales propuestas. La mayoría quiere que se convoque una constituyente (originaria) con plenos poderes soberanos. El choque con las fuerzas del gobierno no sólo se da en el terreno político, también se produce en las calles cuando los ‘antimotines’ de la Policía Nacional reprime a los jóvenes. Se reportaron casi cien detenidos y el doble de heridos.

Al gobierno sólo le resta esperar para ver si el calendario de Cortizo se cumple a fines de 2020 con un plebiscito para aprobar o reprobar las reformas propuestas. El gobierno cuenta con el apoyo de los sectores mas conservadores del país y todo indica que tiene caminando a su lado a los partidos políticos (neoliberales), oficialistas y opositores. La acogida a las reformas por parte de los medios, que son propiedad de los sectores mencionados, ha sido tibia. La Embajada de EEUU, acéfala hace varios años, aparentemente no tiene mayor interés en las propuestas de reforma.

Los jóvenes apuntan a un objetivo que une a todo el pueblo en contra de la clase económica y su gobierno. Quieren detener el proceso de reforma. Pero le agrega a este objetivo la convocatoria de una Constituyente originaria. La lucha entre gobernantes y gobernados es permanente. Lo que cambia es la correlación de fuerzas. Si existe mucho descontento en la familia panameña se puede llegar a una Constituyente con alguna probabilidad de éxito. En este caso hay que trabajar y hacer las consultas más amplias para construir el edificio sobre el cual descansará la nueva Constitución.

7 de noviembre de 2019.

“Las púas de la vergüenza”

La América Nuestra de Martí, la América indígena de Mariátegui, la América hispana, la América latina de la CEPAL se encuentra en una encrucijada, como muchas veces en su pasado, donde los pueblos tienen que decidir en que dirección encaminarse. Las clases sociales subordinadas empujan las estructuras opresoras para transformar y poner fin a las injustas relaciones entre ricos y pobres. A su vez, las clases sociales dominantes contienen el avance de los pueblos a sangre y fuego o, como en el caso de Panamá, blindando con púas de ‘vergüenza’ la cerca de hierro que ‘protege’ (¿de quién?) la Asamblea Nacional. Los diputados creen que detrás de la reja encuenetran protección de la ira popular y de la juventud. Los batallones norteamericanos en la Zona del Canal también creyeron estar a salvo de la insurrección de la juventud que dijo basta en 1964.

Mientras que el continente arde con los pueblos en la calle, exigiendo justicia, en Panamá la juventud, como siempre, se hizo presente en el Palacio legislativo para rechazar el proyecto de reformas constitucionales que incluía, entre otros, un artículo para privatizar la educación superior. La protesta hizo que los diputados recapacitaran y, por el momento, dejaron por fuera el mencionado artículo. La cámara única del legislativo panameño procedió aprobando un conjunto de reformas improvisadas y que cuenta con una base social insignificante. Tiene que pasar por un filtro adicional en 2020 y después someterse a un referéndum. El pueblo pide una constituyente originaria lo que de partida condena a muerte el proyecto de reformas que el presidente Laurentino Cortizo envió a la Asamblea.

¿Qué explica esta tozudez de los gobernantes latinoamericanos cuando se trata de enfrentar a los pueblos de la región? Casi sin excepción avanzan propuestas que empobrecen a los trabajadores, coartan las oportunidades de la juventud y pretenden deshacer los lazos de hermandad entre los pueblos de la región. Las oligarquías de la región creen estar preparadas para enfrentar las movilizaciones populares con las armas de guerra más modernas. Las fuerzas armadas mandan sus mejores oficiales a la Escuela de las Américas, del Comando Sur de EEUU, para recibir el entrenamiento militar más sofisticado (incluyendo las últimas técnicas en la aplicación de torturas). En este contexto el presidente chileno le declaró la guerra al pueblo.

No entienden que la mejor manera de tener un pueblo trabajando por el mejoramiento del país es incorporando sus fuerzas a la construcción de la nación de todos. Mas educación, mejores servicios de salud, viviendas decentes y espacios para que se exprese libremente. Cuando se habla de una redistribución de la riqueza que producen los trabajadores es precisamente esta realidad que se quiere mejorar. Para ello se requiere más dinero, más recursos, que tienen que ser destinados a los sectores que, en la actualidad, son ignorados por los gobernantes.

Las protestas en Panamá, y las manifestaciones masivas en los países de Centro y Sur América así como el Caribe, reclaman esos cambios. Chile, al igual que Panamá, tiene un producto interno bruto (PIB) muy alto que refleja su crecimiento económico. Pero no hay desarrollo social. En el caso de Chile, desde los tiempos de Pinochet, el cobre ha enriquecido al país pero el pueblo, los trabajadores, sigue igual. En el caso de Panamá, desde la invasión militar de EEUU en 1989, el PIB se ha multiplicado varias veces (gracias al traspaso del Canal) pero la calidad de vida de los panameños ha disminuido.

Hay analistas que tratan de tapar el sol con un dedo de la mano. Los observadores norteamericanos dicen que los culpables son los gobernantes – ellos los llaman oligarcas - que han mostrado su total incompetencia para administrar sus países siguiendo el modelo neoliberal. Los ‘expertos’ de la banca y del sector financiero de la oligarquía en los países de la región le echan la culpa a ‘conspiraciones’ provenientes de los gobiernos que tratan de construir sociedades participativas (Venezuela). Incluso, hay quienes culpan a los agentes de la Unión Soviética que se han infiltrado en las filas populares. Se olvidan que ese gobierno desapareció hace casi treinta años. 

Las insurrecciones marcan épocas. Los pueblos de América latina han avanzado, siguen su lucha y lograrán sus objetivos de justicia y equidad. Las cercas que construyen las oligarquías en torno a sus castillos caerán, al igual que ‘las púas de la vergüenza’ que pretenden blindar su dominación.

31 de octubre de 2019.